«AHORA ES MI CASA, PERO MAÑANA PUEDE SER TU…»

• Año 2013: Los representantes políticos de los ciudadanos de Canarias deciden que aquellos que compraron viviendas en áreas con potencialidad turística deben entregar sus propiedades a un explotador turístico y no poder disponer de su vivienda, si el planeamiento general del municipio establece a partir de ese momento que sus viviendas ahora están en suelo turístico, en vez de en suelo urbano o suelo mixto como hasta ahora ha sido.
• Año 2023: El Gobierno de Canarias, sin ni siquiera esperar al desarrollo de planeamiento alguno, que ya fue paralizado por 15.000 alegaciones, en SBT, impulsadas por la PALT y que nunca recibieron respuesta, decide empezar a multar a los propietarios por hacer uso de sus propiedades argumentando el interés de la industria turística y los puestos de trabajo que genera y que, a pesar de récord de visitantes año tras año, nos llevan colocando a la cola de España en salarios y empleo. Tampoco los propietarios pueden usarlo para alquilar por su cuenta ni a través del alquiler vacacional puesto que supuestamente incide en calidad al turista. Argumento para el que utilizan datos anecdóticos y solucionables con las leyes que ya existían.

Para continuar esta increíble y distópica historia, podríamos continuar así:

• Año 2033: Los representantes políticos de los ciudadanos, deciden hacer una Ley de Hostelería, en la que, si el planeamiento general del municipio lo establece, califica las cocinas de los hogares como suelo únicamente industrial/comercial. Los motivos que se aducen es que destruyen puestos de trabajo en el sector de hostelería (camareros, cocineros) y provocan un aumento del desempleo. Además, no se podrá utilizar la cocina del hogar por su propietario, sino que se tendrá que dar a una empresa para que la explote en su beneficio dando unas rentas al dueño (que se convertirá entonces en dueño de un local); en un mismo edificio sólo podrá haber una cadena que lleve la gestión de las cocinas del edificio, a la que obligatoriamente deberán cederlas todos los propietarios de las cocinas sin potestad de oponerse a las condiciones económicas. Además del motivo del paro y la competencia desleal a restaurantes y bares, ya que tienen que cumplir unas exigencias de calidad y excelencia, se aduce la falta de calidad gastronómica de los productos realizados en aquellas cocinas. Quien intente utilizar las cocinas para consumo propio o ajeno (sean familiares o para dar alimentos a alguna ONG), no cediendo su cocina a una empresa, será multado por la Consejería de Turismo y Empleo que procederá a sancionar al propietario con cuantiosas multas.

Quien no comprenda lo que, en la actualidad, está pasando en las áreas con potencialidad turística de Canarias, debería analizar el último ejemplo y ver las semejanzas (espero no estar dando ideas a los legisladores). Los propietarios, por ejemplo, de Playa del Inglés no compraron ni un establecimiento hotelero, ni un local comercial o industrial. Compraron una vivienda regida por la Ley de Propiedad Horizontal y con cédula de habitabilidad como cualquier otra vivienda en cualquier otra zona de Canarias, sin que el planeamiento de cuando fueron construidas o enajenadas establecieran ninguna restricción.