A LA COMISIÓN DE PETICIONES DEL PARLAMENTO EUROPEO.
D. Blas Padrón y Dña. Maribe Doreste, presidente y vicepresidenta de nuestra Asociación, la Plataforma de Afectados por la Ley Turística y actuando en su nombre han presentado petición a la oficina del Parlamento Europeo en España, por la vulneración a la ciudadanía, propietaria de apartamentos y bungalows y residentes en áreas turísticas de la comunidad canaria, de sus derechos como ciudadanos europeos reconocidos en los tratados de la unión y la aplicación del Derecho Europeo por el Estado Español.
Pese a las peticiones que nuestra asociación ha dirigido a las diferentes administraciones canarias en numerosos encuentros con los grupos parlamentarios canarios, consejerías, técnicos, directores, etc., éstos no han amparado a la ciudadanía que representamos; es por ello que la Plataforma de Afectados por la Ley Turística expone y denuncia su situación ante la Comisión del Parlamento Europeo e insta para que se investigue la infracción del Derecho de la Unión Europea, por parte del Estado español que permite la vulneración de derechos básicos de dichos afectados.
La administración canaria persiste en el avance de la política de expulsión de sus inmuebles a los legítimos propietarios; pero no solo a la población canaria sino que esta política afecta también a numerosas comunidades de propietarios y residentes de todos los países de la Unión Europea como alemanes, suecos, noruegos, ingleses, franceses, etc.
Dicha política desarrolla la estrategia de expulsión del propietario y el residente, de las zonas que la patronal extrahotelera ansía para su lucrativo negocio.
En las islas, existen importantes comunidades de europeos.
El 52,65% de la población de Mogán -esto es, 12.756 personas-, han nacido fuera de España. Los noruegos, con 3.093 casos, son legión, aunque tampoco hay que despreciar a los 2.013 británicos y a los 1.384 alemanes.
En el último censo que se maneja en San Bartolomé de Tirajana se asegura tener empadronadas a 59.157 ciudadanos europeos.
En el primer municipio turístico de Gran Canaria viven en la actualidad unos 5.615 germanos, por lo que encabezan el ranking de residentes comunitarios según los datos actualizados en el Departamento de Estadística del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana. Es decir, que Alemania no sólo es el país de donde llegan más turistas a la Isla, sino que también es el origen de una mayoría de los extranjeros que deciden vivir en el Sur.
Los británicos con 1.332 personas censadas se colocan en tercera posición. También conforman un grupo importante los italianos con 1.361 habitantes.
La comunidad sueca también tiene una fuerte presencia en Gran Canaria, tanto que incluso dicha comunidad nórdica llegó a donar al municipio sureño de San Bartolomé de Tirajana el monumento al Caballo Dalecarlia, un símbolo del estado escandinavo. Los suecos fueron pioneros en el turismo en el sur de Gran Canaria desde los años 60 del siglo pasado, teniendo como destino preferido la isla de Gran Canaria, y más concretamente la zona costera de San Agustín donde mayoritariamente se han asentado.
En Gran Canaria, residen casi 5.000 noruegos y se ha convertido en los últimos 60 años en el mejor destino turístico del mundo para los escandinavos. De hecho, de los 500.000 turistas noruegos que recibe al año Canarias, más de la mitad (seis de cada diez turistas nórdicos) eligen Gran Canaria para descansar.
La principal característica de los residentes comunitarios es que llegaron a las islas como turistas que repitieron con el destino y con el paso del tiempo se han ido asentado en ellas, atraídos por el clima, la naturaleza, la gastronomía, etc. formando parte de la población canaria.
La estrategia de expulsión de sus viviendas afecta entonces, tanto a propietarios locales como extranjeros, y no persigue el interés general, no es sostenible socialmente porque afecta a amplios sectores de la población residente, es desproporcionada y en ningún caso viene acompañada de propuesta de indemnización.
Por eso la PALT, se dirige a instancias europeas para denunciar que las autoridades españolas deben velar porque ningún acto administrativo obligue a un ciudadano a ceder su propiedad privada adquirida legítimamente y se actúe en consecuencia ante el Estado Español.