ALGUNAS RECOMENDACIONES PARA PROPIETARIOS CON INMUEBLES EN EXPLOTACIÓN.
Ante la actual situación generada por esta crisis sanitaria-socio-económica y, el consiguiente decreto de Estado de Alerta Sanitaria, presentamos algunas propuestas a aquellas comunidades de propietarios en Complejos de Bungalows y Edificios de Apartamentos, que compartan espacio con una Empresa Explotadora; así como a propietarios individuales con contratos privados con explotadores de dichas empresas.
Aquellos propietarios que tiene suscrito un contrato con el explotador tienen ahora causa para rescindirlo. Es evidente que se da una alteración sobrevenida de las circunstancias pues quien puede explotar turísticamente el apartamento o bungalow está imposibilitado para ello. Si el explotador se negase debería no sólo pagar la renta convenida sino cumplir con el resto de obligaciones que haya asumido en el Complejo. Y ello porque no pueden trasladarse al arrendador, propietario, las consecuencias de la imposibilidad de apertura. O resolución o pago conforme a lo pactado.
Por otra parte, la cantidad establecida como contribución a los gastos generales del edificio o Complejo deben abonarse. Y hay que asegurarse que el explotador, en los casos en los que asuma ese pago, lo hace. De lo contrario, el propietario será el que incurra en morosidad.
Le corresponde a los administradores de fincas actuar con diligencia.
Vigilancia, limpieza y mantenimiento son actividades imprescindibles. Esta última no puede encubrir obras nuevas disfrazadas de adecuación al estar prohibidas, salvo que se trate de reparaciones urgentes.
Deben asimismo los administradores velar por la contención de los gastos en los edificios y Complejos sobre todo en los servicios que los propietarios no reciben adoptando las decisiones necesarias limitándose al mero mantenimiento de las instalaciones y los jardines y su vigilancia.
Por último, en aquellos complejos donde ha estado operando un explotador turístico convendría, en cuanto se puede, celebrar un Junta extraordinaria para asegurar la prestación y el pago de los servicios comunes.