COMUNICADO DE LA PLATAFORMA DE AFECTADOS POR LA LEY TURISTICA. Ante la inminente aprobación del Proyecto de Ley PL-0005 de Turismo y Alquiler Vacacional en Canarias.
Atención pequeños propietarios de apartamentos y bungalows en zonas urbanas con potencialidad turística de TÍAS, TEGUISE, YAIZA, TINAJO; LA OLIVA, PTO. DEL ROSARIO, ANTIGUA, TUINEJE, PÁJARA; ADEJE, ARONA, S. MIGUEL DE ABONA, SANTIAGO DEL TEIDE, PTO. DE LA CRUZ; TAZACORTE, GARAFÍA; VALLE GRAN REY; MOGÁN, S. BARTOLOMÉ DE TIRAJANA, LAS CANTERAS.
En los próximos días y de manera inminente, se llevará a votación en el Parlamento de Canarias un nuevo Proyecto de Ley sobre normativa turística y Alquiler Vacacional.
Este proyecto de ley ha sido elaborado por una Comisión de Turismo promovida por Román Rodriguez de NC y PSOE, y con el apoyo de CC, en la que han participado un representante de cada grupo parlamentario: Podemos, PP, Agrupación Mixta, así como sus promotores NC, PSOE y CC.
A través de la prensa Podemos y PP han comunicado que se descuelgan de dicho Proyecto de Ley y votarán en contra.
Originariamente esta Comisión sobre Turismo tenía como objeto modificar la Ley 2/2013 pero incomprensiblemente se acepta la incorporación de medidas restrictivas que presenta Román Rguez por Nueva Canarias, contra el Alquiler Vacacional y en contra de la Sentencia del Tribunal Supremo (Diciembre 2018) que sienta jurisprudencia y que permite el Alquiler Vacacional en zonas turísticas de Canarias.
En dicha Comisión se concentran en prohibir cualquier posibilidad de que los pequeños propietarios de apartamentos y bungalows puedan obtener alguna renta de su propiedad, ya sea con Alquiler Vacacional ya sea mediante la Ley de Arrendamientos Urbanos.
Este Proyecto de Ley PL-0005, es uno más cuyo objetivo es poner contra las cuerdas mediante un acoso continuado de normas, planes y otros medios, a la ciudadanía propietaria de apartamentos y bungalows y residentes en las zonas urbanas con potencialidad turística de Canarias, limitando sus derechos y promoviendo la inseguridad jurídica, a pesar de las sentencias que han anulado planes y decretos.
Todo esto con el objeto de que los legítimos propietarios abandonen sus inmuebles y se los “regalen” a los empresarios explotadores para quienes están redactadas estas leyes. Leyes y Decretos que de facto solo protegen el interés económico de estas empresas en contra del bien común y el interés general.
Dicho Proyecto de Ley PL-0005, se contradice en cada párrafo, por un lado hablan de respetar el derecho a disfrutar de una vivienda y el derecho a la propiedad para posteriormente desdecirse con que las viviendas vacacionales aumentan el riesgo de residencialización (con una consideración negativa y a erradicar), cuya prevención y reconducción (eufemismo de los políticos queremos prohibir el uso residencial y que la población local se vaya de estas áreas) es una de las finalidades de la Ley 2/2013, que prohibe los nuevos usos residenciales.
Sin embargo no presentan modificación para la Ley 2/2013 y su Decreto 85/2015 que prohíbe a miles de legítimos propietarios recuperar sus inmuebles para su uso residencial porque dicho patrimonio ha sido secuestrado por las empresas extrahoteleras amparadas por dicha normativa, bajo sanciones de 30.000 a 300.000€ y con la amenaza de la Sustitución del Propietario.
O, argumentando que van a cumplir con la Sentencia nº 1766/2018, del Tribunal Supremo de Justicia de España, que anuló la prohibición del Alquiler Vacacional en zonas turísticas; para, a su vez, varios párrafos después articular la limitación e incluso la prohibición del alquiler vacacional en dichas zonas turísticas.
Se prohibirá el Alquiler Vacacional, en contra de la Sentencia del Alto Tribunal, dándosele la potestad de excluir dicha actividad de la totalidad de un municipio, a Ayuntamientos y Cabildos.
Todo el argumentario de este Proyecto de Ley, continua usando falacias para conceder privilegios a unos pocos y perjuicios a la mayoría de la ciudadanía, a cuyo servicio y defensa deberían estar los políticos y sus leyes.
Por otro lado, todas las empresas canarias (pequeñas, medianas y grandes) están sujetas a las leyes de la libre competencia por la LEY 16/1989 de ámbito estatal y la 17/2009 europea; pero los políticos canarios “conceden graciosamente un fuero especial” a las empresas extrahoteleras para que no estén sujetas a dichas leyes del libre mercado y la libre competencia, cuando la libre competencia es la que garantiza al usuario la mejor oferta-demanda y la calidad del servicio. ¿Por qué?
¿Por qué motivo este Proyecto de Ley prohíbe realizar el Alquiler Vacacional a particulares en complejos donde existe una empresa explotadora?
¿Por qué también lo prohíbe en todos aquellos complejos que en la actualidad y de hecho estén haciendo uso residencial porque desde hace décadas están de baja de la actividad turística?
¿Con qué objetivo las viviendas, que se dedican a Alquiler Vacacional en Vecindario, Agaete o La Isleta y que en cualquier momento el legítimo propietario puede recuperar para uso residencial, se excluyen de la Ley de Arrendamientos Urbanos y mediante este Proyecto de Ley ahora se contemplan en una Ley de Ordenación de Turismo?
¿Acaso al considerarse producto turístico conllevará el agravante de que no se te permita la restitución con un uso distinto al turístico?
Ante este nuevo atropello, que protege a unos pocos en contra del interés general y el bien común, la PALT convocará movilizaciones en defensa de nuestros derechos como ciudadanos, pequeños propietarios de apartamentos y bungalows y residentes en municipios turísticos.
Desde la Plataforma de Afectados por la Ley Turística comunicaremos los políticos y grupos políticos que han apoyado y votado a favor de este Proyecto de Ley en el Parlamento.