La Legislación turística canaria, violenta derechos y se opone a libertades reconocidas y protegidas en la Constitución.

1.- EL DEFENSOR DEL PUEBLO CONSTATA LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LA LEGISLACIÓN TURISTICA CANARIA.

2.-EL DEFENSOR DEL PUEBLO CONFIRMA QUE LOS APARTAMENTOS Y BUNGALOWS SE HAN USADO SIEMPRE COMO RESIDENCIA.

3.-EL DEFENSOR DEL PUEBLO ACLARA QUE EL USO RESIDENCIAL CONVIERTE UN INMUEBLE EN DOMICILIO, QUE ES PREVALENTE Y QUE DEBE SER RESPETADO POR LA ADMINISTRACION.

4.-EL DEFENSOR DEL PUEBLO JUSTIFICA QUE LA PROHIBICIÓN DE RESIDIR TIENE QUE SER INDEMNIZADA.

5.-EL DEFENSOR DEL PUEBLO NO ADMITE QUE EL USO RESIDENCIAL SEA SOLAMENTE EL DE LOS EMPADRONADOS.

6.-EL DEFENSOR DEL PUEBLO CONCLUYE QUE EL USO RESIDENCIAL NO PUEDE ESTAR PROHIBIDO.

7.-EL DEFENSOR DEL PUEBLO CONSIDERA LA UNIDAD DE EXPLOTACIÓN INSOSTENIBLE POR SU IMPACTO EN EL DERECHO DE PROPIEDAD Y LA LIBERTAD DE EMPRESA.

8.-EL DEFENSOR DEL PUEBLO VE INCONSTITUCIONAL LOS DEBERES DE RENOVACIÓN Y DE ATENERSE AL USO TURÍSTICO.

9.-EL DEFENSOR DEL PUEBLO ACABA CON EL PRINCIPIO DE UNIDAD DE EXPLOTACIÓN.

10.-EL DEFENSOR DEL PUEBLO PIDE QUE SE DEJE DE APLICAR LA LEY 2/2013 Y QUE SE MODIFIQUE LA LEGISLACIÓN TURÍSTICA CANARIA.

11.-EL DEFENSOR DEL PUEBLO ASUME TODOS LOS ARGUMENTOS CONTRA LA LEGISLACIÓN TURÍSTICA DE NUESTRA ASOCIACIÓN,  PLATAFORMA DE AFECTADOS POR LA LEY TURÍSTICA.

Cualquiera de estas frases podría servir para un largo aplauso. Todas son ciertas y demuestran que la ciudadanía, propietaria de apartamentos y bungalows en zonas con potencialidad turística, siempre han tenido razón.

Es cierto que el Defensor del Pueblo no es un Tribunal pero sí que es el garante constitucional del respeto y protección de los derechos de la ciudadanía. Y resulta que la legislación turística, como decíamos en las alegaciones del año 2015, no le resulta aceptable porque violenta derechos y se opone a libertades reconocidas y protegidas en la Constitución.

Así que, para el Defensor del Pueblo, y para nosotros la PALT, hay una cosa clara: hay que cambiar toda la legislación turística y los Planes para que se respeten, de una vez, los derechos que ostentan los miles de propietarios de inmuebles en las zonas con potencialidad turística de Canarias.