LA PALT PIDE AMPARO AL DEFENSOR DEL PUEBLO.
La Plataforma de Afectados por la Ley Turística, ha presentado en la Oficina del Defensor del Pueblo en Madrid, solicitud de amparo para los propietarios de apartamentos y bungalows y residentes en zonas turísticas de Canarias.
El día 12 de diciembre de 2018, una representación de nuestra asociación encabezada por su presidente y su vicepresidenta, D. Blas Padrón y Dña, Maribe Doreste, han registrado escrito mediante el que se pide promover la oportuna investigación ante la vulneración de derechos que sufre una gran parte de la población canaria, propietaria de inmuebles y-o residentes en municipios turísticos de Canarias.
Desde hace varias décadas se ha venido poniendo en práctica una estrategia generalizada que persigue la criminalización del residente (propietario que hace uso de su apartamento o bungalow), utilizándose el concepto de residencialización negativa e imputando a dicha población el deterioro de los espacios públicos.
La razón principal es que el suelo más atractivo para el sector empresarial turístico está agotado por lo que se ideó la maniobra de prohibir al titular la residencia en su propiedad y la obligación de cederla a empresas extrahoteleras para su negocio y el uso por parte del turista.
Constantemente, funcionarios de ayuntamientos, técnicos de la Consejería de Turismo, registradores de la propiedad, medios de comunicación, se hacen eco y legitiman mensajes contrarios a los derechos individuales de estos ciudadanos.
Con todo esto, se da la perversión de hacer creer que todas las parcelas de una zona turística son de uso turístico exclusivo, lo que es una falsedad.
Toda la estrategia planteada no responde a ningún interés general, sino que encubre propósitos de política económica disfrazados bajo el paraguas de la ordenación territorial pues sin duda se busca con la prohibición y la restricción de uso el favorecer a unos operadores, hoteleros o extrahoteleros, frente a los propietarios.
La Plataforma de Afectados por la Ley Turística, ante tamaña depravación acudirá a todas las instancias necesarias, autonómicas, nacionales o europeas hasta conseguir la reparación y defensa de los derechos consolidados de todos estos ciudadanos afectados.